Pero si somos objetivos y ponemos en relación la cantidad ingente de recursos presupuestados para el funcionamiento de los servicios públicos y el número de incidentes, fallos o escándalos que se producen, veremos que la proporción es muy pequeña.
Fijémonos en el caso de la sanidad: en cualquier comunidad autónoma representa aproximadamente una tercera parte de su presupuesto total. Las denuncias y condenas por anomalías administrativas importantes o por conductas deshonestas siempre son muy escasas…y eso a pesar de que no sólo se gestionan ingentes cantidades de dinero sino que también se realizan miles de actos administrativos de compras y concursos con muy pocas incidencias de relevancia.
En mi opinión, el que los servicios públicos estén funcionando con normalidad, generen una satisfacción razonable entre los ciudadanos y en general, desarrollen sus actividades económicas con honestidad, es una señal de buen gobierno, de la que los que trabajamos en el sector salud debemos sentirnos particularmente orgullosos. Creo que con nuestro trabajo, que no se libra de imperfecciones, las cuales debemos identificar y corregir, contribuimos de una forma no marginal a dignificar el funcionamiento de la administración pública y de nuestra democracia.